Florentino Rodao.
Profesor titular interino
Departamento de Historia de
la Comunicación Social
Facultad de Periodismo
Universidad Complutense de Madrid

Boletin GovernAsia (Número 1) Filipinas Julio 2006

FILIPINAS SALE DE UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO, DE NUEVO

Tras el fracaso del intento de golpe de Estado del pasado mes de febrero, Filipinas sigue inestable, tanto por la forma en que fue abortado como por la continuación de los problemas internos. El sistema político tan volátil, no obstante, convive con una economía que muestra signos prometedores y una sociedad cada vez más robusta: hay razones para el optimismo.

El golpe que tuvo lugar en la segunda mitad de febrero de 2006 fue extraño. No hubo golpe como tal, los implicados eran una amalgama de desencantados de la presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo (a la que se refiere la prensa como GMA) y las razones de los golpistas eran muy diversas. Algunos políticos (los llamados trapo, por el significado tan fácilmente comprensible en castellano de juntar las primeras sílabas de traditional politician) se adhirieron como forma de resarcirse por no ostentar cargos con la nueva administración, algunos militares lo hicieron por pensar que las masas les seguirían y las facciones comunistas, por un intento a la desesperada de ganar un espacio político del que han casi desaparecido, en parte por sus propias rivalidades internas. (Bryan Walsh, “Emergency story” 26/II/2006, Time Asia; Antonio C. Abaya, “A TIMEly story,” 2/III/2006,; Conrado de Quiros, Kataksilan, en Philippine Daily Inquirer, 18/V/2006))



Tras el segundo golpe serio del que ha salido librada (al que es necesario añadir las numerosas crisis políticas sufridas desde que llegó a la presidencia hace cinco años por la recusación (impeachment) de su antecesor, Joseph E. Estrada), Gloria Macapagal-Arroyo ha mostrado una destreza política, acompañada de suerte, que no se le imaginaba cuando fue elegida vicepresidenta en las elecciones celebradas en 1998 representando a un partido distinto al del vencedor en las presidenciales, Joseph E. Estrada. La constitución de Filipinas establece una votación separada para los dos cargos principales en el Estado, lo que permitió a GMA suceder legalmente a Estrada sin lastre político. Pero la presidenta también esta dando otras sorpresas, especialmente por su disposición a actuar por medios no completamente democráticos para prevenir una nueva intentona golpista, lo que ha llevado a señalar al Internacional Herald Tribune que su “tendencia autoritarias creciente” podría dejar a la propia democracia en peligro (“The sad decline of Arroyo”, 26/IV/2006). Más allá del breve estado de excepción declarado durante el golpe del pasado febrero, la presión contra los opositores al gobierno se está endureciendo. Satur Ocampo, el líder de Bayan Muna, uno de los principales grupos izquierdistas, ha pasado a la clandestinidad, tras confusos asesinatos de dirigentes. Los medios de comunicación social en Filipinas también han sufrido presiones de diverso tipo, desde las ejercidas sobre trabajadores del prestigioso Center for Investigative Journalism, al asesinato de Fernando Batul, en la ciudad de Puerto Princesa (Palawan), por disparos desde una motocicleta. Mientras que en el primer caso el origen de las presiones se supone reside en círculos vinculados a la administración, en el segundo es más achacable a la excesiva facilidad en el uso de armas de fuego para dirimir disputas La calidad media de la prensa es mejorable, pero no faltan quienes están dispuestos a ofrecer informaciones veraces, aunque en ocasiones tengan que pagarlo con la vida y Batul se ha convertido en el quinto periodista asesinado en 2006 y el número 52 desde la llamada Revolución EDSA (Epifanio De los Santos Avenue) de 1986, que acabara con la dictadura de Marcos. La ONG con sede en París, Reporters Sans Frontieres, ha calificado a Filipinas en segundo lugar, después de Irak, en el ranking de países peligrosos para periodistas (“Journalist killed in Philippines ambush,” Straits Times, 22/V/2006) y las medidas propuestas por las autoridades tras la muerte de Batul -autorización para que vayan armados, según apuntó el ministro de Justicia- no parece que vaya a resolver definitivamente el problema. La Iglesia Católica, por su parte, se muestra cada vez menos proclive a implicarse en la política diaria del país. Tras la muerte del carismático Cardenal Sin, implicado en numerosas convocatorias de carácter político, el cardenal Rosales, su sucesor, parece decidido a evitar tanto protagonismo, aunque permanecen las declaraciones de cariz político entre los prelados, como el presidente de la Catholic Bishops Conference, el arzobispo de Jaro Ángel Lagdameo, que ha invocado la necesidad de una nueva “estirpe de líderes”. Este progresivo cambio de la Iglesia Católica ya quedó aparente en la crisis de crisis de fines de junio de 2005, provocada por las sospechas de fraude masivo en las elecciones, cuando la Iglesia Católica emitió una pastoral donde se limitó a proponer la unidad y el uso de la razón como forma de búsqueda de una solución. Más recientemente, ante la proyección de la película El Codigo de Vinci, protagonizada por Tom Hanks, objeto de críticas y manifestaciones en una buena parte de Asia, el cardenal Rosales ha criticado lo que considera un ataque contra la divinidad de Cristo, pero no ha pedido su prohibición. De hecho, la censura del país, que ya en 1994 impidiera inicialmente el filme Belle époque, dirigido por Fernando Trueba, ha reflejado este cambio y ha optado por su autorización. (“Faithful attack “Da Vinci”, Internacional Herald Tribune, 17/V/2006) Personalidades aparte, la nueva actitud de Rosales refleja unos cambios en la sociedad filipina parecidos a los que está viviendo también América Latina y que recuerdan a los experimentados en Europa décadas atrás. Los católicos en Filipinas, especialmente entre los estratos medios y altos de la sociedad, empiezan a vivir unos sentimientos menos comprometidos ante su fe religiosa, y la influencia de la jerarquía católica sobre temas como el sexo premarital, el aborto, el divorcio o la homosexualidad está en franco declive. El “Catolicismo de cafetería”, una expresión antigua denigrante hacia quienes practicaban en otros países las doctrinas de la fe católica de una forma parcial, como si de escoger un menú se tratara, vuelve a utilizarse, pero en esta ocasión para referirse al propio país. (Antonio C. Abaya, “Catholicism Cafeteria”, Standard Today, 13/IV/2006)



Los datos económicos, por último, están probando ser el mejor sedante, aunque imperfecto, para los sobresaltos políticos. Las remisiones de sus emigrantes en el exterior (los famosos OCW, o Overseas Contract Workers) llegaron a cifras record en 2005, con 10,5 billones de dólares, mientras que también sigue un buen camino el programa destinado a acabar con el déficit presupuestario del gobierno, que en su momento álgido llegó a ser el principal emisor asiático de deuda, después de Japón. El incremento de ingresos del Bureau of Treasury, junto a la reducción de gastos de la administración, está llevando a unos niveles de superávit en el presupuesto no alcanzados en los últimos nueve años que repercuten en el valor del Peso Filipino, cuyo ascenso está siendo un reflejo de la ortodoxia de la política macroeconómica. Si en 2003, durante los peores momentos del déficit fiscal (5,8% del PIB), el Peso bajó hasta los 56 por dólar, el cambio en 2006 está siendo cada vez más favorable, habiendo llegado hasta 50 por dólar. La reducción del déficit a menos de la mitad se debe también al aumento de la presión fiscal, especialmente el EVAT (expanded value-added tax), implantado en noviembre de 2005 con un 10% y elevado en dos puntos más desde el 1 de febrero de 2006. Los objetivos a largo plazo siguen algunas de las directrices planteadas durante el sexenio del presidente Fidel V. Ramos, cuyo objetivo era equiparar los porcentajes de ingresos del Estado con los de otros países de la región, pero todavía es pronto para saber el éxito de esta política. En primer lugar, porque a pesar de ese aumento en los ingresos totales todavía no está clara la capacidad del gobierno para implementar los impuestos, más allá de la obvia mejora por la reducción en el servicio de la deuda. En segundo lugar, porque la actual reducción de gastos estatales puede ahogar la economía del país. Además de los problemas que para los filipinos está suponiendo la reducción de gastos sociales (Roel Landingin, “Philippines surplus surges amid spending cuts outcry” en Financial Times,18/V/2006), las exportaciones pueden quedar definitivamente hipotecadas si no tienen lugar inversiones urgentes en infraestructuras que permitan mejorar la competitividad del país. Tras el descenso a la mitad de la proporción del PIB destinado a obras públicas durante el quinquenio 2000-2005, muchas compañías de semiconductores, una de las exportaciones claves de Filipinas, están reconsiderando abandonar el país por culpa tanto de un suministro de energía costoso y variable como de unas carreteras en mal estado. (Roel Landingin, “Manila raises public spending as income from taxes surges, en Financial Times, 21/IV/2006) El repunte económico parece viable y las reformas del gabinete dirigido por GMA muestran un gobierno competente, pero aún quedan muchas dificultades por resolver.